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Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.






febrero 25, 2011

El agente

El agente

Luis Javier Garrido

La muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero de 2011 en la carretera federal 57, en el estado de San Luis Potosí –el primer agente de ese país asesinado desde 1982, cuando fue ejecutado Enrique Kiki Camarena de la DEA–, constituye un hecho de extraordinaria gravedad que ha abierto una nueva fase de la escalada de intervención de Estados Unidos en México, solicitada y auspiciada por el gobierno entreguista de Felipe Calderón Hinojosa, y que hasta ahora ha contado con la complicidad de la “clase política” mexicana en su conjunto.

1. El homicidio de Zapata, miembro de la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), quien según informó Washington llevaba a cabo con otros miembros de su corporación tareas de investigación en territorio mexicano, puso una vez más en evidencia que el gobierno espurio panista está pisoteando la Constitución y las leyes mexicanas con la presunción de que la Casa Blanca ayudará al PAN a mantenerse en el poder en 2012.


2. La muerte previsible del estadunidense crea nuevas suposiciones sobre la responsabilidad en su homicidio de ambos gobiernos, pues aun cuando Zapata no hubiese sido ejecutado para justificar con su muerte un mayor intervencionismo, quienes lo pusieron en esa situación de altísimo riesgo son corresponsables de lo acontecido. Del lado de Estados Unidos, los funcionarios que a un agente suyo de origen mexicano lo hicieron actuar en México en un contexto de ilicitud y de anticonstitucionalidad, ocultando su identidad e infiltrándose en organizaciones criminales rivales, moviéndose como un involucrado más en esas redes, lo situaron en un escenario comprometedor. Del lado de México, quienes toleran la injerencia de esas agencias, y ahora la Sedena, que tras rapidísima “investigación”, y actuando una vez más al margen de la legalidad, con un representante de la PGR como comparsa, presentó en un acto a varios detenidos, con evidentes señas de haber sido golpeados –pues uno de los cuales apenas podía caminar–, culpando a uno del homicidio, que, afirma, lo hizo en un marco de confusión pensando que suprimía a un capo rival.


3. La escalada de exigencias de Washington a México a las pocas horas de la muerte del agente, en un escenario que parecía preparado, no hizo más que evidenciar las intenciones de la administración Obama: la primera de las cuales es lograr que México acepte nada menos que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, como lo reclamaron varios legisladores. Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) y el procurador general Eric Holder enviaron una fuerza especial el 16 para investigar, mientras el representante Michael McCaul y otras voces declararon que todo debía conducir a un cambio de las reglas del juego.

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4. Lo acontecido no debería, empero, sorprender, dada la situación actual de las relaciones de Estados Unidos con nuestro país, aceptada y tolerada por la mayor parte de las fuerzas políticas. Los documentos confidenciales sobre México del Departamento de Estado estadunidense, que Wikileaks entregó en exclusiva mundial a La Jornada, y que este diario empezó a publicar desde que hizo el sensacional anuncio el 10 de febrero, confirman de manera contundente, con datos precisos y puntuales, que el gobierno panista de Felipe Calderón se fue sometiendo desde 2006 de manera cada vez más servil a Estados Unidos, que Washington desconfía por completo de las fuerzas armadas mexicanas y que no tiene el gobierno de Obama otra intención que la de profundizar sus políticas de intervención.


5. La entrega de esos más de 3 mil cables relacionados con México a este diario por Julian Assange constituye un reconocimiento del prestigio mundial de La Jornada, ya que hasta esa fecha todo lo relacionado con América Latina y el mundo era exclusiva de los cinco diarios seleccionados originalmente por el fundador de Wikileaks, cada vez más amenazado por cierto tras el fallo judicial de ayer de deportación por la justicia inglesa a Suecia (y a Estados Unidos) por hacer valer el derecho de los pueblos a la información, y que son The New York Times, The Guardian (Londres), Der Spiegel (Francfort), Le Monde (Paris) y El País (Madrid), a los que se une ahora La Jornada como uno de los grandes diarios de estos inicios del siglo XXI, lo que garantiza que en los momentos cruciales que vive nuestro país se amplíe el derecho de los mexicanos a la información.


6. Tres cables de la embajada estadunidense del otoño de 2006, publicados por La Jornada el 21 de febrero, confirman por ejemplo lo que aquí se ha venido sosteniendo en torno a esta supuesta “guerra contra el narco” impuesta por Estados Unidos a México gracias a la debilidad, ineptitud y complicidad de Calderón, quien ha traicionado a México con tal de hacer prevalecer sus intereses personales y de grupo. Washington, se confirma, aprovechó la ilegitimidad y “debilidad política extrema” de Calderón en 2006 para brindarle inmediatamente después de las elecciones su urgente respaldo, involucrándose de inmediato la embajada de Estados Unidos, se dice, “en un proceso de planificación”, de lo que llamaron “la transición”, trabajando sus funcionarios con el equipo de colaboradores de Calderón para determinar que “el tema de la seguridad” sería “el eje de su gobierno”, como ahora se ha visto, a fin, ya se sabe, de acelerar la descomposición del Estado mexicano y el desmantelamiento de la Nación.


7. El gobierno de Barack H. Obama, que según Tariq Ali, editor de The New Left Review, se mueve ahora con el síndrome de “capitular en Estados Unidos y hacer la guerra en el exterior”, nada hace a su vez por detener a los cárteles en Estados Unidos (salvo cuando se trata de narcos mexicanos), según se ve en la lectura de los cables de Wikileaks. Los cárteles estadunidenses y los miembros del “crimen organizado” de ese país siguen actuando allá (y en el resto del planeta) de manera impune, tolerada y protegida, a sabiendas de que en territorio de Estados Unidos se lleva a cabo el más intenso comercio y tráfico de drogas de cualquier país, y el mayor consumo per cápita, y ello porque acaso para Obama sólo se trata de reordenar el mercado (en beneficio de sus connacionales).


8. La comparecencia de Calderón ante Barack Obama en la Casa Blanca, adonde fue citado el 3 de marzo, constituye por ello un nuevo riesgo para el futuro de México como país libre y soberano, ya que el panista estará dispuesto a hacerle todas las concesiones a Obama, en particular luego del regaño que recibió de Janet Napolitano el día 23 por culpar de lo acontecido a la falta de coordinación de las agencias federales de Estados Unidos en México durante una entrevista a El Universal del día anterior.


9. En 1847, los más destacados miembros de la clase política fueron cómplices de los invasores estadunidenses tras la derrota militar, avalando el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y ahora no es muy diferente el escenario. Humberto Moreira, futuro presidente del PRI, cuando era gobernador de Coahuila, según otro de los cables de Wikileaks, se presentó ante el cónsul estadunidense y sometió a su consideración su política “de seguridad” pidiéndole a Washington su ayuda y que capacitara a sus gentes.


10. La única forma de detener esta creciente claudicación de la “clase política” y de frenar el entreguismo delirante de Calderón está por lo mismo como nunca en la capacidad de resistencia del pueblo organizado.


Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

febrero 23, 2011

Video: Jorge Ramos entrevista AMLO


No más guerra

No más guerra

John M. Ackerman

En solidaridad con Carmen Aristegui, voz de la libertad.

MÉXICO,D.F., 15 de febrero.- Más que el hueco, amnésico y falaz anuncio de Felipe Calderón sobre el fin de la “guerra contra el narcotráfico”, hace falta ponerle fin a esta absurda estrategia en la práctica. Una guerra no tiene otro objetivo que aniquilar a las fuerzas “enemigas”, que en este caso son los cientos de miles de jóvenes sin oportunidades que hoy engrosan las filas de los cárteles de la droga.


Es muy indicativo el lastimoso papel del vocero, Alejandro Poiré, quien inmediatamente después de cada matanza declara que ella ha sido un indicador más del “éxito” de la estrategia gubernamental. Pero lo verdaderamente grave es que, estrictamente hablando, el vocero tiene razón. Los 35 mil muertos en el sexenio no han sido “daños colaterales”, sino justamente el objetivo principal de una estrategia gubernamental que más pareciera ser de “limpieza juvenil” que de combate al narcotráfico. La insistencia con tanto ahínco en que 90% de los ejecutados supuestamente estaban “vinculados” al narcotráfico, precisamente cumple el propósito de convencer a la opinión pública de que merecían morir y de que la guerra es “justa” al final de cuentas.

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Las propuestas para una modificación táctica de la “lucha por la seguridad pública” son abundantes. En lugar de la fuerza bruta, se dice que habría que atacar financieramente a los cárteles, mejorar la investigación policiaca, reformar el sistema judicial, aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción gubernamental, entre otras acciones. Todas estas iniciativas son desde luego muy loables. Sin embargo, para que verdaderamente hubiera alguna posibilidad de que tengan éxito es necesario que se acompañen de una modificación general de la estrategia que engloba la acción gubernamental.


Concretamente, habría que invertir las prioridades en materia de seguridad pública. Para empezar, se debe reducir la atención al transporte de estupefacientes hacia Estados Unidos ya que, estrictamente hablando, este delito no hace daño alguno a la población mexicana. Así como los políticos estadunidenses se niegan a regular la venta de armas de asalto porque no perciben el daño que ello genera en su propio país, México debería reducir al máximo la persecución del delito de trasiego de drogas. Esta decisión inmediatamente liberaría cuantiosos recursos que podrían ser utilizados para combatir los delitos más dañinos para la sociedad mexicana, como el secuestro, el homicidio, la trata de personas y la corrupción gubernamental.


Los mexicanos simplemente tendrían que rehusarse a pelear una guerra que corresponde a los estadunidenses. En lugar de sacrificar a la juventud mexicana para evitar que la droga llegue a los consumidores estadunidenses, habría que proteger e invertir en nuestras nuevas generaciones. Esto es, me parece, la propuesta central de la válida y urgente campaña de “No + sangre”.


Es cierto que formalmente, en un sistema “inquisitivo” de derecho penal como el nuestro, los ministerios públicos y policías tienen la obligación de perseguir todos los delitos, sin distingo. Sin embargo, ya hemos iniciado el tránsito hacia un sistema “acusatorio” donde la prosecutory discretion (discrecionalidad persecutoria) forma una de sus columnas vertebrales. Asimismo, grandes penalistas, como Mirjan Damaska, han documentado cómo aun en sistemas inquisitivos también existe un amplio margen de discrecionalidad para la persecución de delitos. La sorprendente inacción de la PGR en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos es sólo el ejemplo más evidente.


Más que obedecer los dictados del gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano tendría que seguir el modelo del vecino del norte. Las autoridades estadunidenses no hacen mayor cosa para combatir el tránsito de droga dentro de su propio territorio. No hay retenes militares, ni decomisos importantes, ni necesidad de pelear por los “territorios”. La droga fluye libremente en el país vecino, y los ocasionales operativos que tienen lugar casi nunca derraman sangre o generan “bajas colaterales” expresadas en muertes de niños inocentes. Asimismo, el consumo de mariguana, fuente de 50% a 75% de las ganancias de los cárteles mexicanos, es legal en una docena de estados de EU.


Resultan por ello hipócritas y engañosas las declaraciones de Janet Napolitano, quien ha amenazado con “aplastar” a los cárteles mexicanos si trasladan “su violencia” al otro lado de la frontera. La violencia y el descontrol en México son el resultado directo de la errada estrategia impuesta por Washington. En Estados Unidos existe relativa paz, no porque los narcotraficantes teman la respuesta del gobierno, sino por todo lo contrario. En EU no se derrama sangre porque las autoridades son sumamente permisivas con el tránsito y el consumo de drogas. También llama la atención que en su reciente comparecencia ante el Congreso, Napolitano hablara explícitamente de la “estrecha colaboración” de su país con Calderón en la “guerra” contra los narcotraficantes.


Por otro lado, también resulta muy arriesgada la propuesta del destacado
experto Edgardo Buscaglia en el sentido de incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones “terroristas” de las Naciones Unidas. Si bien ello podría tener el efecto práctico de un rápido aumento en la colaboración internacional para controlar las finanzas de estos grupos, la reclasificación propuesta también fungiría como la coartada perfecta para consolidar y aumentar la fallida estrategia de “guerra” contra el narcotráfico en México. Asimismo, se abriría la puerta de par en par para una eventual utilización de tropas estadunidenses en territorio mexicano, tal y como lo sugirió la semana pasada el subsecretario de Defensa estadunidense, Joseph Westphal.


Si Calderón realmente busca emprender una “lucha por la seguridad pública” y no una “guerra”, tendría que dar prioridad a la construcción de la paz social y el estado de derecho. Desde luego, no sería adecuado “pactar” con los narcotraficantes, y mucho menos ceder la plaza a los criminales, pero sí priorizar la protección de nuestros ciudadanos. Es hora de dejar de ser carne de cañón en una guerra impuesta a México desde Washington, y en la que hemos derramado ya mucha sangre inocente, que amenaza con destruir por completo el tejido social y corroer aún más nuestras instituciones.



www.johnackerman.blogspot.com


twitter: @JohnMAckerman


febrero 21, 2011

Rubén Luengas entrevista a AMLO


Carta de AMLO al Consejo Nacional del PRD

Carta de Andrés Manuel López Obrador al presidente del Consejo Nacional del PRD

La Paz, estado de México
Domingo 20 de febrero de 2011


* Solicitud de licencia como militante del Partido de la Revolución Democrática

La Paz, estado de México, a 20 de febrero de 2011



C. Camilo Valenzuela Fierro
Presidente del Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática



Por este medio me dirijo a usted de manera respetuosa con el propósito de que ponga a consideración del Consejo que preside, mi solicitud de licencia como militante del partido por el tiempo en que se mantenga el contubernio de los dirigentes nacionales del PRD con Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional.

Como es obvio, las posiciones adoptadas por la dirigencia del PRD son contrarias a los principios que dieron origen a nuestro partido y opuestas a mis ideales y convicciones.

En consecuencia he decidido dedicar todo mi tiempo a seguir fortaleciendo al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el cual participan militantes del PRD, PT, Convergencia y ciudadanos sin partido, mujeres y hombres de buena voluntad que luchan, con autenticidad y sin engaños, por la transformación de la vida pública del país.

Sostengo que de ninguna manera podemos convalidar el proyecto de la mafia del poder, que pretende consolidar un bipartidismo de derecha con el PRI o con el PAN que, al final de cuentas, representan lo mismo; es decir, prolongar el régimen de opresión, corrupción y privilegios que está destruyendo al país y afecta cada vez más el bienestar y la tranquilidad de la mayoría de los mexicanos.

Esta licencia también me permitirá dedicarme a construir una alianza desde abajo y con la gente en el Estado de México para apoyar, en su momento, una candidatura que represente un verdadero cambio en beneficio de todos y, en particular, de los más pobres y desposeídos.



A t e n t a m e n t e .


Andrés Manuel López Obrador

febrero 18, 2011

Cartón de Hernández: Preparativos


Oaxaca

Oaxaca

Luis Javier Garrido

El movimiento popular de Oaxaca está echando por tierra la estrategia de engaño del PAN y de la derecha mexicana para hacer creer que con gobiernos de simulación pueden hacer de entidades donde existe una mayor combatividad social su coto privado, y que en este último año se ha sustentado en las “alianzas electorales PAN-PRD” que le permiten al gobierno panista apoderarse de los gobiernos estatales.

1. La manifestación del martes 15 en Oaxaca por el rápido abandono del gobernador Gabino Cué de las políticas a que se comprometió durante su campaña y por la presencia en la entidad con una serie de actos de provocación de Felipe Calderón –considerado desde hace cuatro años como “persona non grata” para el pueblo oaxaqueño–, al ser reprimida tanto por la Policía Federal de Calderón como por los cuerpos policiacos locales, abrió una nueva fase de la lucha del pueblo oaxaqueño y probablemente de la vida del país.


2. La movilización popular de indignación y de protesta, encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está volviendo a plantear tras la represión la gravedad de la situación en Oaxaca –y en el país–, ahondada por las políticas depredadoras del gobierno calderonista, y a recordar al mundo que en Oaxaca nada ha cambiado.


3. Gabino Cué quedó desenmascarado desde el 1º de diciembre de 2010 en que asumió el cargo, cuando integró su gobierno atendiendo a sus compromisos con el gobierno federal panista y con diversos grupos de la derecha –como el de Elba Esther Gordillo–, y desechó cualquier posible proyecto democrático, hundiéndose en la retórica panista y neoliberal más vacua, cometiendo un primer error de cálculo al menospreciar a los oaxaqueños, sin darse cuenta de que algunos creían que podía haber iniciado un gobierno que sentara un precedente histórico. El harakiri se lo hizo empero este 15 de febrero al pronunciar ante Calderón uno de los discursos más serviles que se recuerden en la historia política de México, que ofendió profundamente a los oaxaqueños, no tan sólo por los elogios cortesanos que hizo a quien junto con Ulises Ruiz los reprimió durante los años cruciales del conflicto (2006-2007), sino también porque abdicó de su cargo y del principio de la autonomía estatal al asumirse como un empleado de Calderón y evidenciar que no tendrá más proyecto que aquel que le dicten los panistas desde Los Pinos.

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4. El gobernador oaxaqueño desconoció con su discurso y con sus actos ese día la naturaleza federal del régimen mexicano, asumiendo que no tiene otra propuesta que la misma del gobierno del PAN, que no oculta su pretensión de ensanchar la vía para que los consorcios trasnacionales prosigan el saqueo de los recursos estratégicos de la entidad, de continuar cancelando los derechos sociales de los mexicanos y sobre todo de privatizar la educación, que para él debe estar en manos privadas. La visita del presidente espurio, que fue una mezcla de irresponsabilidad y de prepotencia, y de la cual Cué es corresponsable, tuvo como acto más importante y simbólico la inauguración de una escuela privada llevando del brazo al empresario Alfredo Harp Helú, con el que pretendió enviar un mensaje a Oaxaca y que resultó un bofetón a los maestros oaxaqueños que durante décadas han luchado por la justicia social y ahora son parte fundamental del movimiento.



5. Tan grave como lo anterior es el hecho de que después de tanta barbaridad, y sin darse cuenta de la pendiente en la que se halla, Cué trate ahora de engañar al país pretendiendo encabezar un “gobierno democrático”, como le dijo a Loret de Mola en Televisa el 16, siendo que: a) llegó al cargo como producto de la alianza entre Calderón y los chuchos del PRD en elecciones en las que los oaxaqueños no tuvieron otra alternativa que la del abstencionismo, b) su gobierno lo integran políticos de los grupos más corruptos de la derecha, incluyendo panistas y miembros del SNTE, c) no tiene más propuesta que la que le dicta Calderón, con lo que no se distingue en nada del gobierno priísta de Ulises Ruiz que le precedió, y d) en nada ha recogido las demandas del pueblo oaxaqueño. Todo lo cual lo confirma en la defensa de su gestión que lleva a cabo en los medios nacionales –que los tiene casi todos a su disposición–, al insistir en hacer suya la demagogia de Los Pinos, como lo hizo al decirle a El Universal del día 17 que el problema de la entidad son los cacicazgos y que él busca “la modernización del estado”.


6. Los locutores y periodistas mexicanos que durante semanas han hecho el elogio de las movilizaciones populares en el norte de África y el Medio Oriente como la vía para el cambio, no hallan ahora cómo negarle a los oaxaqueños el derecho a decidir su destino, pretendiendo ignorar que el problema del estado no lo constituía un hombre (Ulises Ruiz) sino las políticas de un régimen, sin dejar de lado que quien sostuvo y defendió a Ulises Ruiz fue Felipe Calderón y que la represión, entonces como ahora, la sigue decidiendo el gobierno federal. De ahí que insistan, pretendiendo que no entienden lo que acontece, en que es un “lío artificial”, “a propósito de nada”, que “no tiene una bandera”.


7. La manifestación que reunió a decenas de miles el miércoles 16 en la capital oaxaqueña repudiando la represión y demandándole al gobierno de Gabino Cué un cambio de políticas, evidencia que hay un pueblo en pie de lucha que no se deja engañar. Azael Santiago Chepi (secretario general de la sección 22 del SNTE) reiteró que exigen a Cué sus disculpas, pero que piden hechos, por lo que le exigen la renuncia de tres funcionarios, entre éstos dos secretarios generales del gobierno oaxaqueño “que son gente de Elba Esther Gordillo”, y éste hasta ahora no ha atinado más que a culpar al gobierno federal de las acciones represivas que provocaron 28 heridos.


8. El gobierno de Calderón tuvo una mala lectura de los acontecimientos, y creyó que su connivencia durante cuatro años con Ulises Ruiz se habría olvidado al apoyar en las elecciones de 2010 a Gabino Cué y que tendría en 2011 un rostro limpio en Oaxaca y vía libre para ahondar las mismas políticas económica y social que le ha impuesto todo este tiempo a la entidad, y ahora debe afrontar la realidad: en Oaxaca nada ha cambiado, y no se ignora ni su responsabilidad en el desastre social ni el hecho de que se halla al servicio de la derecha trasnacional, como tampoco su corresponsabilidad en la represión. De ahí que ahora esté encendiendo los focos rojos de alerta para el panismo porque hay un pueblo en movimiento.


9. El conflicto de Oaxaca, que no es nuevo sino el mismo, ha terminado además por poner en evidencia a las perversas “alianzas PAN-PRD”, que no buscan un cambio sino consolidar a la extrema derecha en el poder haciendo más fácil la centralización del régimen para imponer las mismas políticas autoritarias, neoliberales y de depredación, pero con gobiernos que quienes las urdieron suponen tienen otra imagen, aunque muy pocos se vayan con la finta. Gabino Cué en Oaxaca, como Rafael Moreno-Valle Rosas en Puebla y Mario López Valdés (alias Malova) en Sinaloa, encabezan administraciones de derecha sometidas al gobierno federal del PAN.


febrero 11, 2011

La manta

La manta

Luis Javier Garrido

La manta que tendieron legisladores de izquierda en la Cámara de Diputados al iniciarse un nuevo periodo de sesiones ha abierto, acaso sin proponérselo quienes la exhibieron, un debate sobre cuestiones fundamentales para los mexicanos que está generando una nueva crisis en el gobierno calderonista.

1. La manta desplegada en San Lázaro por tres diputados del PT y algunos del PRD durante la sesión del jueves 3, con la leyenda “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?” ha llevado a abrir un triple debate sobre asuntos esenciales. La manta cuestionó a) los rasgos semimonárquicos que guarda el régimen presidencial de México, aunque se pretenda lo contrario, al poner en el centro de la discusión la cuestión del derecho del pueblo a estar informado sobre la salud (física y mental) de quien ejerce el Poder Ejecutivo, como acontece ahora en Italia y en otros países; pero terminó también b) por poner en evidencia el proyecto de la derecha en México por amordazar al Congreso coartando a los legisladores sus derechos constitucionales de libre expresión y de inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y c) por exhibir una vez más, y de manera muy grave, el carácter de absoluta subordinación al gobierno panista que tienen la mayor parte de los medios en México, y a exhibir los mecanismos oficiales de control, todo lo cual hace inexistente el derecho de los mexicanos a la información.


2. El tema de la salud de los gobernantes es, como se ha discutido en otros países, un asunto de interés público por las atribuciones que se les otorgan, y no pueden quienes gobiernan escudarse en la pretensión de que esto se restrinja al ámbito de “lo privado”. Los hombres públicos no pueden tener vida privada impune como lo muestra el caso de Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, amenazado en este 2011 de un proceso judicial por abuso de poder en los espacios de su vida “privada”.


3. En México, más que en otras partes, el titular del Poder Ejecutivo, haya sido o no de facto, ha pretendido siempre situarse más allá de la legalidad escrita y de los reclamos sociales, y esto lejos de cambiar con la alternancia de 2000 se ha agravado, pues aun cuando no tengan los presidentes panistas el mismo poder que sus predecesores priístas, pretenden alcanzarlo, y controlar por otros medios a los gobiernos locales y municipales, a los partidos políticos, al Congreso y a los medios.

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4. La salud de un jefe de Estado o de gobierno es una cuestión de interés público, aunque en muy pocos países se haya legislado sobre el tema. En Francia, tras de que el presidente Georges Pompidou murió súbitamente en 1972 luego de ocultar a los franceses durante meses una enfermedad terminal, se ofreció que los titulares del cargo presentarían informes mensuales sobre su salud, lo que demandó entonces François Miterrand, líder de la oposición. Diez años después, paradójicamente, cuando fue elegido al Eliseo, se olvidó de aquel compromiso (moral, que no legal), en particular porque al segundo año de su primer septenato se le diagnosticó un cáncer que ocultó a los franceses, para gobernar debilitado en todos los órdenes durante 14 años, en los que abandonando el programa de la izquierda se plegó ya muy enfermo a los dictados del gran capital hasta que entregó el cargo al derechista Jacques Chirac, en 1994, para morir días después.


5. La respuesta del gobierno ante el asunto no podía haber sido más patética, pues fue de a) negar de manera tajante el señalamiento, lo que corrió a cargo de los columnistas de la derecha en los medios; o de b) sostener que el asunto es de carácter estrictamente “privado”, llegándose incluso a decir, de “seguridad nacional”, lo que es absurdo en el siglo XXI, hasta, finalmente, c) aceptarlo todo tácitamente, pretendiendo que, aun cuando sea cierto, no afecta para nada el desempeño presidencial, como lo hicieron algunos panistas al equiparar a Calderón con Churchill, gran bebedor, y lo intentó hacer el miércoles 9, en inusual conferencia de prensa, el secretario de Calderón, Roberto Gil Zuarth, quien aun cuando calificó lo dicho de “infundios” y “rumores” se esforzó en presentar la imagen de un hombre sano y cumplido.


6. La comparación del Presidente con Winston Churchill, ídolo de la derecha en varios países, es en todo caso bastante desafortunada, pues no es lo mismo un hombre de gran talento político que uno que no lo es, como tampoco un gran bebedor que un dipsómano, al margen de que ahora mismo se señala en varios libros algo más grave, que es el hecho de que la salud tanto de Churchill como la de Roosevelt afectó las negociaciones finales de la Segunda Guerra Mundial. El que fue primer ministro de Gran Bretaña durante el conflicto (1940-1945) y en la posguerra hasta su retiro (1951-1955), negoció en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, junto con el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt, entonces gravemente enfermo –no de los pulmones, como se creía, sino de un cáncer cerebral que lo llevó a la tumba días después–, la división de Europa –y del mundo– con el líder soviético José Stalin, quien no tuvo problema para hacer prevalecer su posición ante sus dos minados interlocutores.


7. La segunda cuestión de gravedad evidenciada por la manta es el carácter de los medios en México, que en su inmensa mayoría se lanzaron a insultar y descalificar al diputado petista Gerardo Fernández Noroña y a sus compañeros, que no hicieron más que ejercer sus derechos constitucionales, cuando la prensa audiovisual está obligada a dar cuenta de lo acontecido y no a tomar partido ni mucho menos a injuriar a los legisladores, como hicieron algunos locutores, en el contexto de la campaña panista que hay de descalificación del Congreso. El despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias el domingo 7 por lo que ella calificó de “berrinche presidencial” tras haber tocado el tema, o su posible reincorporación o no a la empresa, no ha logrado por todo más que evidenciar los rasgos fascistoides del gobierno de facto.


8. La tercera cuestión que la manta puso de relieve, en fin, y que es de enorme gravedad, la constituye el nuevo marco reglamentario de carácter totalitario que panistas y priístas están buscando imponerle al debate en las cámaras legislativas, y que no existe en ningún régimen del mundo, buscando sancionar, en contra de los establecido en el artículo 61 constitucional, desde las tomas de la tribuna y las mantas hasta las expresiones de los legisladores, lo que es parte del proyecto de la extrema derecha para fortalecer en México un régimen cada vez más autoritario


9. En el libro 2012: la sucesión, del periodista y novelista Rafael Loret de Mola (Océano, 2010), al ser entrevistado Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada priísta en el Senado, le dice hablando de 2012: “ya tuvimos en la Presidencia a un payaso –Fox–, y a un inepto –Calderón–”, y agrega “debemos evitar que llegue un loco y acabe por destruirlo todo”, pues “Calderón es, además, un alcohólico que puede estar queriendo colocar a otro como él” (pp. 150-151).


10. La cuestión debe plantearse empero desde otro ángulo. En los graves momentos en que en este 2011 el gobierno de Washington, con el argumento de que el narcotráfico entraña riesgos para su seguridad nacional, se plantea su pretensión de un creciente intervencionismo en México, ¿es aceptable que un hombre enfermo, que además de ser un fanático de derecha está doblegado ante poderes económicos y políticos del exterior, se halle al frente del Estado mexicano?


febrero 10, 2011

Comunicado de Carmen Aristegui

Versión íntegra del pronunciamiento de Carmen Aristegui

La redacción - Proceso

Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…

Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.

Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento, que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.

Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada, su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.

El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.
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Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria, como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.

El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?" , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.

Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.

La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones. Terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”

Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.

El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.

La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.

Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también debe ser analizada.

Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.

El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.

El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.

Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.

El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.

¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dilma Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?

¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?

¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?

La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?

Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en el que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del Presidente.

Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.

Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es ésta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.

Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.

No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.

Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica, que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política.

Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.

Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.

Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.

Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.

Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México, que han llegado al punto, a la osadía, diría yo, de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.

El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión, que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.

Como tantas obras ésta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.

¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido, que no le viene bien a nadie, u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.

Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.

Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando. Le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.

Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no sé si también otras -La Destilería y el Meridien-, es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.

No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido. No se lo merecen, por supuesto las audiencias, no se lo merece la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece el país.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.

AMEDI exigió a la Presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.

El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?

Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana, que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales, parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?

¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.

Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dicen “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.

Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.

Si MVS acepta hacerlo, se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente.

Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estuvo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.

La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.

Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.

Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Fallacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.

Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.

A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…

Gracias a todos y buenos días.

Cartón de Hernández: Aclarando dudas

¿Es Felipe Calderón un alcohólico?



febrero 06, 2011

LA CALLE

La calle

Luis Javier Garrido

Las movilizaciones populares en los países árabes del norte de África y del Medio Oriente están teniendo también un impacto en América Latina, especialmente en países que como México tienen gobiernos que poco pueden envidiar a los de aquellas latitudes, en particular porque en el último mes los medios de la derecha han sostenido la tesis de que “la calle” –es decir, las movilizaciones populares– constituye una vía para el cambio.

1. La insurgencia cívica en varias regiones del Magreb –que se inició en Túnez en la segunda mitad de diciembre de 2010, donde una verdadero levantamiento civil terminó con el gobierno del presidente Ben Alí el 14 de enero; prosiguieron en Egipto en los días siguientes, donde la revuelta popular exige la renuncia del presidente Hosni Mubarak, y hay signos de que las movilizaciones podrían extenderse a otros países– ha suscitado un frenesí en Washington, ya que el gobierno de Barack H. Obama está buscando montarse sobre el descontento popular existente en varios países del mundo árabe, curiosamente apoyados todos ellos por la Casa Blanca, con la intención de obtener un mayor control de sus recursos estratégicos, y en particular del petróleo.


2. El gobierno de Obama ha intensificado desde principios de año en los medios una campaña en la que busca sostener la tesis aberrante de que todos esos países tienen gobiernos inaceptables por sus rasgos islámicos y de que es necesario que “transiten” hacia la democracia, buscando ocultar que su pretensión está fundada no en el autoritarismo que marca a dichos regímenes sino en los rasgos nacionalistas que tienen y en los obstáculos que ponen a las grandes multinacionales en materia petrolera.


3. El intervencionismo estadunidense no ha tenido límites, pero lo que sorprende en verdad es la tesis sostenida desde entonces y que enunció en varias ocasiones Hillary Clinton, la secretaria de Estado, asentando que por los rasgos autoritarios de dichos regímenes, “el cambio está en la calle”.


4. La afirmación es sorprendente pues podría aplicarse a otros países, y en particular a México, donde las elecciones constitucionales no están siendo ya la vía para conducir al cambio porque los retrocesos que se han producido en materia institucional son tales que obstaculizan por todos los medios los procesos electorales y no parecen dejar a los mexicanos otra alternativa que la de “la calle”, como lo demuestran los hechos que tanto han desdeñado los miembros de la oligarquía en el poder.

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5. El gobierno del PAN tiene hoy en día el control del órgano supuestamente autónomo encargado de organizar y vigilar los procesos electorales (el IFE); ha subordinado por completo a los intereses que representa el órgano jurisdiccional responsable de calificarlas (el tribunal electoral); las candidaturas ciudadanas no son permitidas; las campañas están marcadas por un derroche multimillonario que sólo favorece a los grandes intereses; los medios masivos, y en particular las televisoras, intervienen impunemente en los procesos electorales, buscando manipular a la gente, y el Ejecutivo, que es impune y puede utilizar ilegalmente los recursos públicos y orquestar cualquier fraude electoral, tiene además las manos metidas en varios partidos, incluyendo al PRD, que se constituyó en 1989 para ser una alternativa de izquierda y hoy se halla bajo el control de una clique de políticos corruptos de derecha subordinados a él, con la única finalidad precisamente de cerrarle la vía a una alternativa de izquierda, la que encabeza Andrés Manuel López Obrador.


6. La televisión mexicana es extraordinaria en ese sentido al presentar lo que pasa en el mundo y en México, Televisa y Tv Azteca señalan –lo que es cierto– que paramilitares o halcones de Mubarak reprimen en la plaza Tahrir de El Cairo a los manifestantes, pero ocultan que en en este país los paramilitares son los responsables de muchas de las peores matanzas de jóvenes y de migrantes de los últimos meses, que han hecho según la lógica de la derecha en el poder, por motivos “aleccionadores”. Destacan, siguiendo los lineamientos de información del Departamento de Estado, cualquiera de las manifestaciones actuales en el Magreb, pero aquí ocultan la mayor parte de las demostraciones de protesta, como hicieron con la marcha de decenas de miles de trabajadores del martes primero, dedicándose a calumniar a los electricistas y a su dirigente Martín Esparza, a los que denostan como “vándalos” cuando no hacen más que defender sus derechos ante las tropelías del gobierno calderonista. Como lo hizo Hillary Clinton al estallar el descontento en Túnez, sostienen que “el cambio democrático está en la calle” (pero tratándose del norte de África y Medio Oriente), porque en México tomar la calle, dicen, es “antidemocrático”, aunque aquí se hayan estado violando de manera sistemática los derechos constitucionales de un pueblo en los últimos años o se haya instaurado por la fuerza tras el fraude de 2006 un gobierno espurio.


7. Las movilizaciones públicas (manifestaciones, marchas, plantones) han sido sistemáticamente descalificadas por los gobernantes mexicanos y por los medios, que ahora encomian lo que acontece en Túnez y en Egipto, y alientan lo que se inicia en otros países árabes. Desde Gustavo Díaz Ordaz, que en 1968 calificó al movimiento estudiantil y popular como “una algarada sin importancia”, hasta los locutores de Milenio Televisión, que desde que salieron al aire no han dejado de descalificar las manifestaciones ciudadanas, hechas en ejercicio de derechos constitucionales, como “mitotes”, los voceros de la derecha mexicana han confiado para mantener sus privilegios en la fuerza material del Ejército para reprimir y en el poderío de radio y tv para ocultar la verdad, engañar y confundir, pretendiendo ignorar que todo tiene un límite y que “la calle” sí puede hacer caer un gobierno.


8. Los pueblos en general ignoran su fuerza porque han sido penetrados por la ideología de la derecha en el poder, que ha insistido a lo largo de las últimas décadas en que no hay más vía para el cambio que la electoral, por más que ésta no pueda ser alternativa en países no democráticos como México, donde las instituciones electorales y los partidos estén en manos de la derecha y en última instancia el gobierno puede orquestar impunemente todos los fraudes. Los acontecimientos del Magreb, alentados por Washington en su avidez de tener el petróleo de esos países sin tantas restricciones, pueden no obstante conducir también a un desastre para el modelo neoliberal. El gobierno de Israel le advirtió ya a Obama el día 2 que el proceso desencadenado podría desembocar en la llegada de un gobierno islámico a Egipto “parecido al de Irán” (en vez del pro israelita de Mubarak).


9. La demagogia del gobierno de Obama sobre “la calle”, y la forma en que ha estado el gobierno estadunidense montándose sobre el descontento y alentando las manifestaciones en el Islam con la intención de imponer en esos países gobiernos locales no menos represores pero sí más entreguistas, está ya siendo frenada pues corre el riesgo de volverse en contra de sus intereses, y es evidente que se busca, en Túnez como en Egipto, que las presiones y negociaciones a nivel cupular sustituyan a las movilizaciones a fin de que, una vez más, se le confisquen a esos pueblos sus derechos y lo único que se logre sea precisamente lo contrario de lo que ellos quieren, pero el escenario es crítico porque hay fuerzas políticas impredecibles, como el Islam y el ejército.


10. En México, en tanto, donde las instituciones del Estado han sido convertidas en los últimos 25 años por los tecnócratas priístas y los yuppies del PAN en un aparato de simulación al servicio de las trasnacionales, y los procesos electorales adquieren cada vez más los rasgos de una farsa, en la que al pueblo se le quiere dar el papel de comparsa porque, vote como vote, no le permiten cambiar nada, la calle, sin embargo, está adquiriendo una nueva dimensión, pues no se está dejando a los mexicanos otra alternativa que la de las movilizaciones.