Antonio Díaz Piña
Los presidentes de partidos políticos no pueden
ejercer atribuciones
que excedan los fines de estas entidades de
interés publico
Resulta indispensable reflexionar, con espíritu
critico, los hechos que afectan tanto a la esencia de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos como a la forma de Gobierno de la Nación
Mexicana ocurridos en estos dos años en México, para contribuir a su memoria y
análisis colectivos; a ese propósito responde también este articulo.
No
puede darse un avance social, en cualquiera de los ordenes: economico,
politico, seguridad, Derechos Humanos, etc., del Pueblo Mexicano por
fuera o en contra de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin ocasionar
graves costos sociales como producto indeseable de la inseguridad
juridica y la arbitrariedad.
Los
Mexicanos tenemos el Derecho y la Obligacion de explicarnos a nosotros
mismos que es lo que realmente esta pasando en nuestro Pais, mas alla de
los interesados discursos y desmesurada propaganda gubernamental para
difundir sus "verdades oficiales".
Este articulo recupera la esencia de los Tweets
que en su oportunidad hice públicos mediante mi cuenta de Twitter.
Durante los últimos dos sexenios del priismo y los dos del panismo, hubo
grandes presiones para culminar las reformas que los neoliberales exigían de
nuestro País con el fin de eliminar de nuestra Constitución Política los obstáculos
que les impedían hacerse con la propiedad y beneficios del Patrimonio Nacional
de los Mexicanos.
Ninguno de ellos se atrevió a llegar al extremo de tocar los derechos
laborales, la energía (petróleo, gas y electricidad), la educación, ni ampliar
los privilegios de los bancos a fin de que aumentasen sus ya desmedidos
márgenes de ganancias sobre una Nación tan empobrecida como la Mexicana. Temían
despertar al México bronco, que menciono Jesús Reyes Heroles (1), y que suele
presentarse misteriosamente cada cien años, con distintos orígenes y
protagonistas, pero causas similares. El PRI, en los sexenios bajo presidentes
panistas, se opuso férreamente a la privatización del Petróleo, argumentando
desde razones históricas y políticas hasta económicas. (2)
Pactos
de todos tipos y tamaños han existido en todos los tiempos, pero de
memoria reciente, Carlos Salinas de Gortari en su sexenio, los uso para
poder
privatizar las empresas paraestatales en favor de un pequeño grupito de
privilegiados en lo que se llamo el “Pronasol de los ricos”: de la noche
a la
mañana, muchos de aquellos que hicieron fortunas con aquel crack de la
bolsa
mexicana de valores que dejo en la miseria a cientos de miles de
Mexicanos de
buena fe, se encontraron con la oportunidad dorada de hacerse de
empresas
valiosas a un ínfimo precio de su valor; para barnizar ese despojo a la
Naciòn con el tono de la “popularidad”, el presidente de entonces creo
otro Pronasol, “el de los
pobres”, mediante el que repartió migajas.
Vimos con estupor que de la nada, pequeños empresarios propietarios de
negocios medianamente rentables se convirtieron en “dueños” de verdaderas minas
de oro, e ingresaron por la puerta grande a la lista de Forbes. Para darnos una
idea, se dijo en aquel entonces que Carlos Slim había adquirido solo el 27% de
las acciones preferenciales de Teléfonos de México (si la memoria no me falla),
y el resto de las acciones se dijo que las habían adquirido inversionistas de Canadá
y Estados Unidos, algo que solo convenció a muy pocos (5).
El caso es que con el pretexto de que la iniciativa privada era mejor
administradora que el gobierno, los discípulos de Hayek y de Friedman (6), se
quedaron en un santiamén con los bancos, ferrocarriles, tierras ejidales,
pozos, puertos, aduanas, carreteras, ingenios azucareros, minas, pensiones,
salud, y todavía después fueron “rescatados” en sus pasivos a través del
gigantesco fraude al Pueblo de México conocido como “Fobaproa” en tiempos de
Ernesto Zedillo (7), quien tenia experiencia en estas lides con otra
maquinación financiera a la que se le llamo “Ficorca” (8).
A la postre, los ingresos que aportaban al Prepuesto Federal las empresas
privatizadas, tuvieron que ser sustituidos con impuestos nuevos o alzas:
Zedillo subió el IVA y el PRI perdió la Presidencia en 2000; Calderón impuso el
IETU y le paso lo mismo, perdio la Presidencia en 2012.
En todo ese tiempo, el gobierno financio parte importante de su operación
con los fondos de pensiones de los trabajadores: teóricamente intocables, pero
que no se respetaron y se integraban anualmente al presupuesto desde las
Instituciones operadoras: IMSS e ISSSTE, con el desfalco mayúsculo que todos
conocemos.
El caso es que para poder ir tras la privatización de las “Joyas de la
Corona”: los derechos laborales y la privatización de la renta energética,
había necesidad de encontrar una forma de apariencia “democrática” que
permitiera acometer contra los Derechos Sociales pretextando urgencia, consenso
y aparentar la participación del Pueblo Mexicano, eso dio lugar al “Pacto por México”.
A estas intentonas de sensibilizar a la Opinión Pública ya se les había
etiquetado previamente como “reformas estructurales”, mote convenientemente
abstracto para ocultar las intenciones contrarreformistas y privatizadoras.
La Consulta Popular: un candado Constitucional insalvable
Evidentemente, tanto la supresión de Derechos Laborales, como la
privatización de los recursos energéticos, son inequívocamente “Temas de
Trascendencia Nacional”, una barrera Constitucional insalvable frente a
cualquier intento autoritario y antidemocrático.
Este candado inhibe Constitucionalmente el tramite a cualquier iniciativa
de reformas o adiciones a la Constitución y leyes secundarias sobre cualquier
“Tema de Trascendencia Nacional”, hasta en tanto medie la Consulta Popular.
Antes
de admitir ninguna iniciativa de "reforma Constitucional", el Congreso
debio y debe valorar si se trataba o se trata de "Temas de Trascendencia
Nacional" y, en caso afirmativo, no darles ningun tramite hasta en
tanto no mediara la respectiva "Consulta Popular", en vez de simular,
como lo hizo, que el "Pacto por Mèxico" era un simil sustituto de la
primera, razonamiento evidentemente absurdo.
Aplicando una lógica jurídica elemental, no existía otra forma de salvar
este obstáculo Constitucional que “suspender la observancia de la Constitución”
mediante acciones “de hecho”, del gobierno, carentes de todo fundamento
de Derecho.
Para salvar “de hecho” esta barrera Constitucional, buscando un barniz de
“democracia y consenso” se ideo el “Pacto por México”, un convenio suscrito por
los presidentes de tres partidos: el PRI, el PAN y el PRD, sin ningunas
facultades para firmarlo, porque el fin de los Partidos Políticos que establece
nuestra Constitución Política se acota expresamente en: promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (12).
No fue ninguna proeza del gobierno “convencer” a dos políticos en
desgracia: Gustavo Madero y Jesús Zambrano, para firmar el pacto y acogerse al
padrinazgo del PRI con el fin de sobrevivir en el mundillo político; a los dos les llego la propuesta como
“caída del cielo”.
En estricta observancia de nuestra “Carta Magna”, los actos de los dirigentes
partidistas deben ajustarse precisamente al fin que ella establece, sin que
puedan modificarlo a su voluntad sin violar la Constitución, porque son entidades de interés público
(13), y los
presidentes de los Partidos Políticos no pueden actuar como si manejaran
una
organización de carácter privado, sujeta a sus caprichos personales. Al
hacerlo, violaron la Constitucion vigente y se colocaron fuera de ella.
En varias ocasiones, a través de la Red Social Twitter, solicite a los
presidentes del PRD y el PAN, los fundamentos Constitucionales o legales que
les permitieron firmar ese documento, habida cuenta que sus contenidos resultan
evidentemente exorbitantes de la esfera de sus atribuciones; no recibí
respuesta alguna.
El pretexto para integrar a los presidentes de los partidos antes citados, fue
que representaban a las fuerzas políticas mas importantes en el País, pero
ninguno tiene atribuciones para suscribir un documento de esa naturaleza ya no
en nombre de los Mexicanos, vamos, ni siquiera en nombre de sus propios
militantes sin consultarles, porque además, los partidos políticos no existen
legalmente para eso y sus presidentes no pueden obrar como particulares excusando que “lo que
no les esta jurídicamente prohibido, les esta permitido”, porque no son
particulares obrando por su propio derecho; esas instituciones políticas y sus
presidentes solo pueden hacer lo que la Ley les autoriza expresamente, de
acuerdo a sus fines.
El “pacto por México” fue firmado por personas sin atribuciones para
hacerlo y sin tener ninguna “representatividad” de los Mexicanos, como se ha
querido hacer creer. Fue un acto anticonstitucional y por lo tanto carente de validez juridica, asi como sus derivados.
Un torbellino de violaciones Constitucionales.
Además de violar los fines de los partidos políticos, como antes se ha
mencionado, se interrumpió la observancia de las siguientes disposiciones Constitucionales vigentes:
1.- Se violo el proceso para reformar Nuestra Constitución Política; “todas
las iniciativas de reformas a nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que constituyan “Temas de Trascendencia Nacional”, sin
excepción, ya se encuentran sujetas a la Consulta Popular previa, modalidad
en el procedimiento impuesta por el Constituyente Permanente con plena vigencia a partir del día
10 de agosto de 2012” (14) y que debio ser estrictamente observada;
3.- Se violo el articulo 29 de la Constitución porque con la excusa de “el
pacto” se suspendió y restringió el Derecho Politico a la Consulta Popular, que es tambien un Derecho humano, (16); igualmente se violo el artìculo 38 de nuestra Ley Fundamental,
al "suspenderse" nuestro "Derecho Ciudadano" a la Consulta Popular, sin
que se diera ninguna de las causas que establece en sus seis
fracciones;
4.- Con “el pacto” se violo el “sistema de planeación democrática” ordenada
en el articulo 26 de la Constitución que se hizo a un lado ostensiblemente (17);
6.- Mediante la aplicación de “el pacto”, se violo el “Proceso Legislativo”
ordenado en el articulo 72 de la Constitución Federal; (19) omitiéndose
ostensiblemente la “discusión”, tanto en el Congreso, como en las Legislaturas
de los Estados, algunas aprobaron las reformas sin los pasos previos a la
discusión, como son la lectura, la comprensión y el análisis
(20);
8.- Se violaron los principios esenciales de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: la Democracia, la Representatividad y la
Republica; la primera al suplantar a la Consulta Popular con “el pacto” (22), la
segunda al suplantar al Congreso en la toma de decisiones (23), y la tercera,
al obrar sobre la “Res Publica” (Republica es igual a Cosa Publica) como en cosa privada (24).
Se llego además al extremo absurdo de confesar que los legisladores obedecen, antes
que a nada, a los intereses de sus bancadas partidistas y dirigentes de
partido, contrariando el mandato Constitucional que establece que los Diputados
y Senadores son representantes de sus respectivos electores.
9.- En consecuencia, al violar los principios esenciales de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y dar, por la vía de los hechos, a “el
pacto” el caracter de un "supralegislador" por encima del Congreso de la Union, se modifico la forma de gobierno, con lo que se violo además lo
dispuesto en su Artículo 39. La soberanía
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Precisando: modificar la forma de gobierno es una atribución que
corresponde a la Máxima Autoridad en México, depositaria de la Soberanía: el
Pueblo Mexicano, algo que bajo ningún supuesto jurídico establecido en nuestra Constitución
Política pudo ser realizado por tres dirigentes partidistas, carentes de la
mínima “representatividad”.
Si consideramos que 1).- los gobernantes lo son solo en tanto que actúen en
función de las facultades que la Constitución les otorga, 2.- que cuando actúan
en contra de los preceptos esenciales de nuestra “Carta Magna” y de la mas alta
Autoridad: el Pueblo de México, dejan de ser y actuar como autoridades; tenemos
que sus actos fuera de la Ley Fundamental son inconstitucionales o
anticonstitucionales, lo que los convierte en vulgares transgresores y sus hechos
constituyen verdaderos actos de rebelión.
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